CIUDAD PRÓSPERA, DINÁMICA, INCLUYENTE Y RESILIENTE
En este caminar hacia la sostenibilidad, la Ciudad de México busca generar un desarrollo económico de la mano con la protección del medio ambiente y la inclusión social, que ayude a reactivar la economía y el empleo tras los embates recibidos por el COVID-19. Al inicio de dicha pandemia, se registró la pérdida de más de 218,000 empleos y el cierre del 40.5% del comercio formal e informal de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a causa del confinamiento. Además, se evidenciaron los patrones de desigualdad social, económica y de género que persisten en la capital y que se deben superar. Para ello, se instrumentó un Plan Gradual hacia una Nueva Normalidad, que combina el apoyo directo de programas sociales y el otorgamiento de microcréditos y seguros de desempleo, con el fomento de financiamiento y de inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura educativa, hospitalaria, hidráulica, de movilidad, espacios públicos, aprovechamiento de residuos, reconstrucción y vivienda social.
Esta recuperación se inscribe dentro del objetivo general por un desarrollo que promueva la vocación de servicios, cultura y turismo que caracteriza a la capital del país; pero también incorpora la economía circular, la innovación tecnológica y el uso y promoción de las energías renovables como grandes retos que tiene la urbe hacia la transición energética y el urgente replanteamiento de los patrones de consumo y producción. De igual modo, se busca el desarrollo de una ciudad policéntrica mediante el fomento de la economía social y solidaria para atender las desigualdades territoriales de muchas de las comunidades en su interior.
La estrategia consiste en mejorar la acción pública sobre cinco elementos de la sostenibilidad: 1) desarrollo económico; 2) desarrollo urbano; 3) medio ambiente y recursos naturales; 4) espacio público y áreas verdes; y 5) agua, drenaje y saneamiento. Para lograrlo, se trabaja en mejorar las reglas de reordenamiento urbano-territorial y conservación del suelo, así como en estrategias de resiliencia climática, coordinación metropolitana, ampliación de infraestructura sostenible y promoción de una cultura por la sostenibilidad.
En colaboración con la GIZ México, y para dar a conocer la importancia de la Agenda 2030 a nivel local, en 2021 el Gobierno de la Ciudad lanzó la campaña “Comparte el objetivo de una ciudad sustentable”. Su propósito fue concientizar a la población y al gobierno para que estén comprometidos a realizar pequeñas acciones que mejoren la calidad de vida de todos –como el mayor uso de la bicicleta o de transporte sustentable, el cuidado del espacio público, el ahorro de agua y energía, el consumo de productos locales y el fomento de la cooperación y los lazos de solidaridad–, ¡pues lo que hacemos en la ciudad se nos puede “retachar” o regresar!
Vallejo-I es un ambicioso plan de innovación industrial y sostenibilidad que promueve el Gobierno de la Ciudad de México junto con empresas privadas, instituciones académicas, autoridades locales y organismos internacionales para constituir el clúster de innovación más importante de la región metropolitana del Valle de México. Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco, su objetivo es recuperar, revitalizar y potencializar la vocación productiva de la zona, creada como tal en 1929 y que actualmente tiene una extensión de 500 hectáreas.
El proyecto incorpora programas de mejora de infraestructura urbana y logística, y fomenta la creación de empleo y la inversión. Además, cuenta con un Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el que participan instituciones académicas aledañas para encontrar soluciones inteligentes y escalables a los problemas de la zona industrial y de la ciudad.
Tomando en consideración nuestra estrategia de economía circular, Vallejo-I también incluye el uso de energías renovables y la instalación de una planta de manejo sustentable y reciclaje de residuos que dará servicio a las alcaldías vecinas.
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Al ser el mayor centro de consumo, prestación de servicios y concentración poblacional de México, la capital es también una de las mayores emisoras de componentes y gases de efecto invernadero (CGEI). De igual forma está expuesta a los impactos y riesgos del cambio climático, como el aumento de temperatura a escala local, las inundaciones y sequías, la calidad del aire y la afectación a las tierras de cultivo en las zonas rurales de la capital.
Tanto la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 como su Programa 2021-2030, incorporan ocho ejes transversales de acción para atender la emergencia climática y transitar hacia una economía baja en carbono, que son: 1) Movilidad integrada y sustentable, 2) Ciudad Solar, 3) Basura Cero, 4) Manejo sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua, 5) Revegetación del campo y la ciudad, 6) Capacidad adaptativa y resiliencia urbana, 7) Calidad del aire y 8) Cultura climática. A estas se deben incorporar las perspectivas de género, la inclusión social, los derechos humanos y los empleos verdes para lograr una transición realmente justa y sustentable.
Convencidos de la importancia de la cooperación internacional, la Ciudad de México se ha comprometido a emprender acciones transformadoras a favor del clima uniéndose a redes de trabajo como C40 y la Red Global de Ciudades Resilientes, para así contribuir a los ambiciosos objetivos del Acuerdo de París. La resiliencia climática está en el centro de la gestión gubernamental: entre 2014 y 2019 sus programas de acción climática contribuyeron a la reducción de 9’646,114 toneladas de CO2 , siendo ahora la meta reducir y capturar el 10% de los CGEI para 2024, así como mitigarlos en un 83% para 2040, y con ello contribuir a la solución del cambio climático como reto global. Por su acción climática, la capital ha sido galardonada con distinciones internacionales en distintas ocasiones.
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La megalópolis ha optado por una política energética orientada a alcanzar una economía baja en emisiones de GEI para así sustituir los combustibles fósiles. Ciudad Solar es una estrategia multiactor para la transición hacia fuentes renovables y de eficiencia energética en la que participan el Gobierno de la Ciudad, fondos de la Secretaría de Energía federal, la academia, asociaciones desarrolladoras de energía solar, organizaciones y redes de expertos, banca multilateral y de desarrollo, y agencias de cooperación internacional.
En los últimos dos años, y gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la GIZ, se ha llevado a cabo un proyecto para apoyar la capacitación e instalación de paneles solares en establecimientos comerciales para incrementar su actividad productiva, rentabilidad y competitividad. La meta es llegar a 400 pequeños y medianos negocios por año y, con ello, contribuir al desarrollo económico de la capital y de sus cadenas de valor.
Del mismo modo, este programa de tecnología fotovoltaica se instala en edificios públicos para evitar la emisión de 12,000 toneladas de CO2 al año y lograr un ahorro económico de más de 70 millones de pesos; ya se tiene previsto el uso y extensión de la energía solar a vivienda particular. Asimismo, uno de sus ejes principales es la instalación de paneles solares en la Central de Abasto (CEDA) con el propósito de construir la planta solar más grande del mundo en una ciudad. Esta iluminará las actividades diarias de más de 440,000 usuarios y 90,000 trabajadores –además de las zonas aledañas–, reduciendo así 13,852 toneladas de CO2 al año: lo equivalente a lo absorbido por 890,000 árboles durante los 25 años de operación de la planta.
Dentro del objetivo de descarbonizar la matriz energética de la capital, el reto está en incrementar, financiar y monitorear estas tecnologías en nuestra carrera por conseguir cero emisiones, fomentar el empleo verde y democratizar la energía limpia para hacerla accesible y asequible a los establecimientos de una economía de servicios y a miles de hogares de la ciudad, en especial a los más desfavorecidos.
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La Ciudad de México es una gran generadora de residuos sólidos, pues al día produce más de 14,000 toneladas de basura, de las cuales casi la mitad (48%) se produce en los domicilios, mientras que el resto lo generan los comercios (26%), el sector servicios (14%), el abasto de alimentos (4%) y otras fuentes controladas y diversas (8%), con una consecuente emisión de CGEI (como el gas metano) y la contaminación del suelo y agua. Para cumplir con el objetivo global de modificar nuestros patrones de consumo y producción de manera sostenible, la capital propone una estrategia de reducción de residuos sólidos, restos de alimentos y de construcción, que incluya medidas de reúso, reciclaje, reparación, aprovechamiento energético, uso eficiente de recursos naturales y generación de empleos verdes. De hecho, para 2024 se tiene como meta la reducción del volumen de residuos de las alcaldías en un 50%.
En atención al compromiso con el Pacto de Milán hacia una economía social y solidaria, se desarrolló el programa Itacate (Innovar, Transformar, Alimentar, Central de Abasto tu Espacio) enfocado en el acopio y redistribución de alimentos de la Central de Abasto para canalizar aquellos que se encuentren en buen estado a organizaciones altruistas y comedores públicos. Se han creado alianzas estratégicas con bancos de comida, comedores comunitarios, organizaciones sociales y comunidades para contribuir al doble propósito de combatir el cambio climático y la inseguridad alimentaria que afecta a importantes sectores de la ciudad.
En cuanto al aprovechamiento energético de residuos alimenticios, en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se trabaja en laboratorios de biodiesel y en la instalación de una planta de biocombustible en la Central de Abasto, que convierte el aceite usado de cocina en biodiesel. Este será utilizado como combustible de 200 autobuses de la capital, ayudando a su vez a transitar hacia la eficiencia energética y el uso racional del agua en la producción de combustible ecológico.
La sostenibilidad requiere cambios normativos de responsabilidades compartidas. Por ello, se ha trabajado en una norma ambiental para clasificar el manejo de residuos de la construcción, dada la importancia que tienen la obra pública y la actividad inmobiliaria en la gran urbe. Se propone como incentivo a la inversión privada y como fomento a la economía circular que las obras públicas utilicen materiales reciclados y las obras privadas los incorporen en al menos un 35%.
A inicios de 2020, la capital hizo grandes avances en la prohibición de plásticos de un solo uso, pero esto puede verse revertido por el impacto de la pandemia de COVID-19 y el uso desmedido de plásticos y otros residuos. Esto reta a las ciudades a manejar la contaminación plástica ante un eventual colapso de los sistemas de reciclaje, por lo que seguirá siendo un desafío la concientización, comunicación y capacitación de la sociedad y las autoridades locales para facilitar la transición hacia prácticas de consumo sustentables y solidarias.
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En su Constitución local, la Ciudad de México ha incluido a la biodiversidad, los ecosistemas naturales y la conservación del suelo como un bien común que depende de la protección, preservación y recuperación corresponsable del gobierno, la sociedad y las empresas. Debido al crecimiento urbano desordenado de las últimas décadas, la capital experimenta una alta vulnerabilidad por la degradación de sus ecosistemas, así como la pérdida de biodiversidad y de mantos acuíferos. Para dar respuesta a esta situación vital para la sostenibilidad y viabilidad de la metrópoli, se han implementado programas como Reto Verde, la iniciativa invita a todas las personas a involucrarse para continuar con estas acciones y así mejorar la calidad del entorno en el que viven a través de actividades de cuidado y mantenimiento o de contribuciones financieras.
Altépetl, que en español significa “agua y cerro”, es otro programa para la conservación, protección y restauración de ecosistemas y agroecosistemas, suelo de conservación y servicios ambientales en las zonas rurales de la capital, principalmente en alcaldías como Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, las cuales presentan grados importantes de marginación social. A través de una asignación económica, se impulsa la creación de empleos temporales, la preservación del patrimonio natural y un mejor manejo forestal, y se fomenta la actividad productiva y la economía social, solidaria y rural.
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Para ayudar a solucionar el problema de abasto universal de agua en una urbe aquejada por la sobreexplotación, sequía, escasez y calidad de la misma, la Ciudad de México implementó el programa Cosecha de Lluvia como una alternativa tecnológica de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas particulares. Se llevó a cabo en la mitad de las alcaldías mediante un subsidio otorgado a hogares afectados por alta y mediana precariedad hídrica y social, priorizando aquellos donde las mujeres son las jefas de familia. El acceso al desarrollo tecnológico es también un derecho consagrado en la Constitución pues fomenta el bienestar de la sociedad, por lo que la instalación de ecotecnologías es una manera innovadora de dar solución a la escasez y el limitado acceso al agua, además de aprovechar el agua de lluvia.
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Se inició el programa de rescate integral de los ríos, canales y cuerpos de agua que recorren de las cuencas altas en el Suelo de Conservación, hasta las zonas bajas de las áreas urbanas. En 2019 se inició la recuperación paulatina de los ríos San Buenaventura, Magdalena Eslava y Santiago, realizando acciones de revegetación, limpieza y saneamiento dentro de los causes y construcción de infraestructura para retener el suelo y el agua, todo esto en colaboración con los ejidos y comunidades de las cuencas Con programas como este se busca promover una cultura del agua para motivar al autoabastecimiento, la protección del medio ambiente y el ahorro energético. La capital trabaja para dar respuesta a los retos de mejorar la planificación sostenible del agua y saneamiento y la coordinación metropolitana, modernizar la infraestructura hidráulica, y recuperar y sanear los cuerpos de agua de la ciudad para así lograr el derecho universal de acceso a este vital líquido.
